OBJETIVO DEL BLOG :

 como parte de un  curso sobre historia de Colombia , la información contenida ha sido tomada de fuentes oficiales, el objetivo es que una ves  los estudiantes tengan acceso a esta información   en el aula sean compartidas sus experiencias   este formato sencillo es para estudiantes de el área rural del municipio de venadillo  ubicado en el departamento del  tolima. 

 como parte de  el curso de ciencias sociales  esta actividad sera un refuerzo temático  para grado 9.

 objetivo :  es que los estudiantes  refuercen sus conocimientos sobre  la historia den nuestro país  en un formato digital  interactivo , una vez trabajada la parte virtual   los conocimientos adquiridos por los estudiantes serán orientados por el profesor a modo de complemento.

La Conquista Española, la Época Colonial y la Guerra de la Independencia 

 

La historia de Colombia apenas comienza a principios del siglo XVI con su conquista por parte de los españoles. En cuanto al tiempo precedente falta toda referencia escrita, para llenar el cual vacío la muy escasa tradición oral dista mucho de alcanzar, en tanto que el estudio de las antigüedades existentes apenas supliría conclusiones aisladas. Así que nos encontramos en medio de las tinieblas de la época prehistórica. Pero aun conociendo la historia de la época más remota, es poco lo que nos podría enseñar para mejor comprender la actualidad, ya que la conquista española echó a perder el hilo del desarrollo. Tanto así es que para la historia moderna de Nueva Granada y Colombia su punto de partida hay que buscarlo de preferencia en la historia española en lugar de suponerlo en aquella precedente en antigüedad de los países mismos. Pues la fuerza motriz transformadora la componían el instinto de la vida y la civilización, españoles, en tanto que la autóctona población india quedaba reducida a la pasividad absoluta. 

Para apreciar el estado cultural alcanzado por los indios al comienzo de la conquista española, parece que a menudo pecamos al parangonarlo con el de las tribus que hasta hoy han sabido sobrevivir, llevando una vida libre en extensas regiones selváticas. Pero cierto es, en cambio, que los indios antiguos, lejos de basar su sustento en la caza y la pesca exclusivamente y de llevar una vida nómada, en su mayoría habían logrado establecer su vida sedentaria, alimentándose de los frutos de la tierra labrada, tales como la papa, la batata, la yuca, la arracacha, el maíz, y el mijo quinoa, a tiempo que también conocían el cultivo del tabaco y del cacao. Imposible era todavía la ganadería, ramo tan importante en el desarrollo del viejo mundo, ya que todas las especies de nuestros animales domésticos faltaban en la Suramérica tropical, a la vez que el mundo de los mamíferos criollos no ofrecía reemplazo posible. Por otra parte, la explotación de la sal ya era conocida, aprovechándose al efecto tanto las aguas salinas como los yacimientos del mineral. También había maneras en uso para extraer el oro de los sedimentos fluviales, lo mismo que de los estratos de rocalla más antigua, y posiblemente también ya de los filones de cuarzo. Entre las obras manuales se destacan, fuera de la orfebrería, una alfarería bastante desarrollada y la hechura de vestidos de algodón. La existencia de un activo comercio de trueque entre las diferentes tribus se evidencia con el hecho de encontrarse tanto la piedra de sal como los productos de la orfebrería distribuídos en todo el país. Más todavía, comienzos de la organización de estados había en las altiplanicies, donde el desarrollo cultural era más notorio. Visto en su conjunto, creo no exagerar al apreciar el nivel cultural realizado por los indios colombianos hasta el comienzo de la conquista, igual al ostentado por los germanos en la época de César y Tácito. 

Fue en 1501 cuando Rodrigo Bastidas y Juan de la Cosa descubrieron la costa Atlántica de Colombia, en tanto que Balboa en 1513 cruzó el estrecho del Darién, alcanzando la costa del Océano Pacífico. En 1522 Andagoya siguió a lo largo de esta hasta la desembocadura del río San Juan, mientras que poco después Pizarro y Almagro en su viaje al Perú exploraron la costa Pacífica a todo su largo. Entre las bases establecidas en los litorales Atlántico y Pacifico, las de Panamá, Cartagena y Santa Marta todavía existen hoy en día. Tanto desde Santa Marta como desde Coro, el establecimiento de los Welser, se exploró fuera de la Cordillera Oriental el curso del río Magdalena, mientras que desde Cartagena se atravesó Antioquia y desde Perú se colonizó el sur del país. En 1538 se encontraron Quesada, Belalcázar y Federmann en la altiplanicie de Bogotá. Quesada había navegado Magdalena arriba, para escalar la montaña en la región de Opón y sujetar rápidamente a los chibchas. Federmann, en cambio, había cruzado la cordillera desde Coro, para luego seguir al pie de ella y subir al frío páramo del Sumapaz y de allí descender a la sabana de Bogotá. Belalcázar, oficial de Pizarro, por su parte, después de someter el valle del Cauca desde Quito y atraído por la fama del imperio de los chibchas, había bajado por el río Magdalena hasta la desembocadura del río Sabandijo, para desde allí ascender a la altiplanicie. Completada al mismo tiempo la travesía de Antioquia por parte de Vadillo, hasta tropezar este con las fuerzas de Belalcázar en el valle del Cauca, el país había de considerarse descubierto y conquistado, sin perjuicio de los numerosos vacíos que quedaban todavía por llenar y la cantidad de tribus aún resistentes. La audacia desplegada por esos conquistadores españoles, de número tan reducido, tanto en su travesía de la espesa selva como en abrirse paso por tanta tribu enemiga fuerte, pocos antecedentes tiene en la historia, ni mucho menos casos de haberse superado. Pero nuestra admiración se va trocando en una aversión irrebatible a medida que nos enteremos de que la sed de oro era el único móvil de sus aventuras, acompañadas de crueldades sin antecedentes y de alevosías sin número. 

Dedicados principalmente al avasallamiento de la población indígena, los primeros decenios solían llamarse de los conquistadores. Los virreyes y visitadores en ejercicio del poder acostumbraban cambiarse a los pocos años, o sea cada vez que la lejana corte se enteraba de sus abusos y crueldades, motivos para destituirlos. Una administración ordenada apenas se estableció en 1564, cuando Nueva Granada se elevó a presidencia, al paso que desde 1719 se tomó en virreinato con carácter provisional, condición que se perpetuó desde 1740. Abarcó fuera de la propia Nueva Granada también la provincia de Quito, lo mismo que la actual Venezuela. Esta última, por cierto, volvió a desligarse bajo el nombre de capitanía general de Caracas. La capital del virreinato era Santafé, la Bogotá de hoy, situada bien país adentro, la cual el virrey solía trocar por Cartagena como su residencia apenas en tiempos de guerra, para mejor defender la costa contra la amenaza de los piratas, tanto ingleses como franceses y holandeses. El centro del poder eclesiástico lo formaba el arzobispado de Santafé. 

Salvo escasas excepciones, los altos puestos públicos, tanto civiles como eclesiásticos, no se llenaban con criollos, sino con españoles de la madre patria, los llamados chapetones. Limitada su permanencia en la colonia generalmente a unos pocos años, les era vedado tanto el contraer matrimonio como el adquirir propiedad raíz. Tales medidas se basaban en la idea fundamental de excluir la formación de relaciones más estrechas entre los altos funcionarios y la colonia, las cuales, a tan larga distancia, se consideraban como un peligro para incitar a la independencia. Para facilitar la supresión de la población, se trató por todos los medios de mantenerla aislada tanto del exterior como de mayores intercomunicaciones internas. Al efecto se prohibió el comercio exterior, reduciéndose a la vez el intercambio con la madre patria a una sola caravana marítima al año, así como tampoco nada se hizo para mejorar las vías de comunicación dentro del país. Así como la sed de oro había traído a los conquistadores, el afán de extraerlo continuó siendo la preocupación principal de la administración colonial española. No solo nada se hizo para fomentar la agricultura y la industria, sino además se tomaron medidas para retardar su desarrollo, por una parte para proteger a los indios contra la mita, y por la otra, para salvar tanto a la madre patria como a otras colonias de la competencia indeseable. Numerosos monopolios y gravámenes aduaneros limitaban el progreso de los colonos, en tanto que una rígida censura supervisada por la inquisición mantenía en jaque todo progreso intelectual.

Durante la época de la transmigración de pueblos las tribus conquistadoras solían contentarse con la posesión de una a dos terceras partes del país invadido, al paso que los españoles en América se incautaron todo el país como propiedad de la corona, con falta completa de respeto a los derechos de los indígenas. Apartado por la corona lo que estimaba conveniente para su propia posesión, cedía el resto, bajo el nombre de “encomiendas”, a los conquistadores por la duración de una o varias generaciones, o, más tarde, a los favoritos de la corte. A los indios, en cambio, al principio se les obligaba a trabajar sumidos en la esclavitud tanto en las minas como en los cultivos. Pero incapaces como eran de resistir semejantes esfuerzos y soportar los maltratos infligidos por los españoles, murieron en número considerable, en tanto que otros en grandes cantidades se suicidaron. Así las cosas, toda la raza estuvo a punto de desaparecer, si no hubiera sido por la noble intervención de los dominicanos, encabezados por el obispo Las Casas, ante la corte madrileña, a efecto de que promulgara ordenanzas contra el avasallamiento de los indios. Cierto es que, debido a lo distante de la madre patria, aquellas ordenanzas no siempre fueron cumplidas al pie de la letra, pero, no obstante, lograron mejorar esencialmente la suerte de los indios, y hasta salvarlos de su extinción. Restringidos como quedaron al terruño, y obligados a entregar a los encomenderos parte del fruto de sus labores, ya no podían en cambio tratarse como esclavos ni venderse, a la vez que los trabajos obligatorios se limitaron a los fines relacionados con el sustento, quedando prohibido extenderlos a la satisfacción de exigencias suntuosas. Con frecuencia a los indios se les concentró en sitios especiales, los llamados resguardos, en los cuales a los blancos les quedó vedado adquirir propiedad raíz e instalarse. Esclavos negros se importaron para eximir a los indios de los trabajos en las minas y de los cultivos de la tierra caliente. En general su trato fue más considerado que el propiciado a sus congéneres importados a Norteamérica, si bien es cierto que sus amos de aquí se preocuparon menos por su alimentación y estado de salud. Pero a menudo los dejaron libres, o, al menos, se acomodó el precio de su rescate. Contadas fueron las veces que extranjeros obtuvieron permiso para visitar las colonias españolas, aun con permanencia limitada. La inmigración, insignificante de por sí, se reducía a provenientes de la madre patria. Estimada para Venezuela en cien almas al año, la de Nueva Granada no la habrá sobrepasado en mucho. Gradualmente vino estableciéndose una marcada diferencia entre los “chapetones” y los criollos nacidos en la colonia, que a menudo se mezclaron con indios y hasta con negros. 

Excepción hecha de los primeros años, Nueva Granada no ha experimentado ninguna sublevación india. Pero casi al mismo tiempo que en 1781 en el Perú se levantó Tupac Amarú, el establecimiento de nuevos impuestos en el territorio hoy conformado por Santander y Boyacá motivó la rebelión de los “comuneros”, que en marcha llegaron hasta los umbrales de Bogotá. El virrey, falto de otra solución distinta, aceptó sus demandas, celebrando el contrato del caso, para luego romperlo en la forma más indecorosa y castigar cruelmente a los iniciadores del movimiento. 

Establecida así la primera señal de la voluntad criolla de independizarse, habrían de transcurrir treinta años hasta cuando se presentara la segunda. Innegable es el espíritu progresista introducido entre tanto en la administración gracias a la obra de unos virreyes inteligentes. Así que se habían mejorado vías de comunicación, se habían construido puentes, se habían introducido mejoras en la esfera educacional. Mutis, botánico español, se había rodeado de un núcleo de jóvenes deseosos de iniciarse en las ciencias naturales, con Caldas a la cabeza, a la vez que en Bogotá empezó a circular un periódico. Pero con todo, la política general de la tutela incondicional y del aislamiento continuaban sin variar. No obstante, o quizá así fomentada, la divulgación clandestina de las ideas de un Voltaire, de un Montesquieu y de un Rousseau prosperó al igual que más tarde la de la revolución francesa, con entusiasta beneplácito. Cundió el ejemplo de Norteamérica, incitando a su imitación. 

Pero la verdadera chispa de la sublevación la produjo la ocupación de la madre patria por Napoleón. Malograda la tentativa emprendida en 1806 por Miranda desde la isla de Trinidad, acabada de pasar esta a manos de los ingleses, de derrocar el dominio español, la agitación popular continuó en aumento, toda vez que tampoco las cortes de Cádiz habían accedido a prestar atención a las demandas de las colonias de su equiparación con la madre patria. En 1810 se reunieron ciudadanos sobresalientes tanto en Caracas como en Cartagena y Santafé de Bogotá (20 de julio), tomando las riendas del gobierno. Aunque emprendido el movimiento en nombre del Rey Fernando y en defensa de sus derechos, el paso en realidad ha de tomarse por el comienzo de la independencia, la cual tal vez ya en aquel entonces era en secreto el objetivo que iluminaba la mente de sus iniciadores. Rechazadas estas Juntas por el gobierno de Cádiz, claro está que su mera existencia significaba la apertura de las hostilidades. Ya en 1811 un congreso elevó a república las provincias de Nueva Granada, con el entendimiento de reconocer a Fernando tan solo a condición de que gobernara desde Bogotá, concesión que, por cierto, también quedó abolida en 1813. 

En tanto que los españoles por lo pronto se abstuvieron de tomar medidas enérgicas contra el movimiento revoltoso, las fuerzas de los republicanos empezaron a entorpecerse a consecuencia tanto de la envidia surgida entre las provincias como de la disputa que estalló entre el gobierno de Cundinamarca, con Nariño a la cabeza, y el Congreso por su parte, por la cuestión de si la nueva organización política habría de establecerse sobre una base federal o central. Mientras tanto, el general español Monteverde, favorecido en su empeño por el horrible terremoto del 26 de marzo de 1812, había logrado volver a subyugar a Venezuela, capturando a la vez a Miranda, cabeza e iniciador de la revolución. Ahora Simón Bolívar, escapado como único de los conductores revolucionarios, volvió a acometer la tarea de libertar a su patria, entrando al efecto a Caracas el 6 de agosto de 1813, saludado con júbilo como “el Libertador”. Al mismo tiempo, Nariño había obligado a retroceder al general español Sámano en el valle del Cauca, frustrando así el avance de este, realizado desde Quito. Empero, ya el año de 1814 trajo otro cambio de suerte, por cuanto las fuerzas de Nariño fueron aniquiladas por los habitantes del valle del río Patía, a la vez que él mismo cayó prisionero de los españoles. En Venezuela, por otro lado, las fuerzas republicanas también sufrieron una derrota decisiva, con recuperación por parte de los españoles de todo el país, excepto los llanos. Pero, sin perjuicio de esta situación crítica, las rivalidades en Nueva Granada perduraron, hasta el punto que, a consecuencia de ellas, Cartagena le negó toda colaboración a Bolívar, obligándolo a embarcarse a Jamaica. Al mismo tiempo España, libertada del yugo napoleónico y con Fernando reincorporado, se había preparado para un mayor despliegue de fuerza. Al efecto, Morillo desembarcó a mediados de julio de 1815 en Santa Marta, a la cabeza de un fuerte contingente de tropas. La rendición de Cartagena, ciudad que tras larga y valerosa defensa cayó en su poder el día 5 de diciembre, fue apenas el paso pre­vio para la reconquista de todo el país. Escritores colombianos hay que pretenden que, con una prudente moderación por su parte, los españoles, aprovechando la fatiga provocada por la guerra, hubieran podido lograr el pronto restablecimiento del orden y de la obediencia en el país. En cambio, el régimen de terror establecido con alevosa violación de todas las promesas no pudo menos de amargar los ánimos, para enardecer en ellos el deseo impetuoso de volver a liberarse del yugo español. 

El día de San Silvestre de 1816 el incansable Simón Bolívar volvió a desembarcar en el litoral de la Venezuela oriental. Entorpecidas todavía las fuerzas republicanas por las rivalidades entre sus conductores, los años de 1817 y 1818 no permitieron mayores despliegues, limitándose las actividades a unas escaramuzas de menor escala en los llanos. Pero en abril de 1819 Páez logró una brillante victoria sobre Morillo, en tanto que Bolívar empezó el cruce de la cordillera que habría de liberar a la Nueva Granada. Fue el 7 de agosto cuando se libró la batalla decisiva de Boyacá. Cuando Bolívar entró a Bogotá el día 10, el Virrey Sámano ya se había puesto a salvo, al paso que la liberación de la mayor parte del país no se hizo esperar. Impresionado por tal batalla, el congreso de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, declaró la unificación de Nueva Granada y Venezuela en la sola República de Colombia. 

Para fortuna de los republicanos la revolución de Riego y Quiroga impidió el embarque de las fuerzas armadas preparadas entre tanto con destino a América, así que el año de 1820 pasó en combates de menor alcance. Fracasadas las negociaciones de paz entabladas hacia fines del año, la guerra volvió a iniciarse en abril de 1821. Al paso que el 24 de junio Bolívar y Páez ganaron la segunda victoria decisiva cerca de Carabobo, a Sucre le corresponde el mérito de haber desalojado a los españoles del Ecuador, país que se unió a la República de Colombia. Pero otra vez el peligro se tornó inminente, de manera especial en el norte, donde el general español Morales acababa de apoderarse de la importante ciudad de Maracaibo. Pero el 24 de julio de 1828 el valeroso almirante Padilla logró vencer a la flota española en el lago de Maracaibo, obligando a la vez a Morales a rendirse. Con la ocupación de Puerto Cabello ocurrida el 8 de noviembre, la bandera española se había arriado en todo el territorio colombiano. Mas el tomar por asegurada la independencia, no obstante, era prematuro, en tanto que el Perú siguiera ocupado por un fuerte ejército español. En consecuencia, Bolívar y Sucre a la cabeza de tropas colombianas se apresuraron a asistir al Perú, liberándolo por medio de las victorias de Junín y Ayacucho, servicio que el Perú agradeció unos años más tarde dirigiendo las armas contra sus libertadores. 

Apenas conjurado el peligro exterior, las rivalidades internas volvieron a manifestarse en todo su rigor. Pero me parece fuera de lugar el pretender considerar aquí en detalle los sucesos, menos todavía cuando no parece concluida todavía la apreciación histórica ni de ellos ni de las intenciones y el carácter de Bolívar. Cierto es que Bolívar en el curso de la. guerra contra España había logrado unificar en una sola república los tres países de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Liberado ahora también el Perú, su idea fue la creación de una gran confederación andina que fuera de los tres países abarcara tanto al Perú como a la América Central y a Méjico. Pero en tanto que el congreso de Panamá, convocado por él para tal fin, no dio resultados dignos que digamos, dentro de Colombia las tendencias particularistas ganaron terreno en sorprendente escala. Bolívar, íntimamente convencido de que su patria precisaba tanto del orden como de un gobierno fuerte infinitamente más que de toda libertad radical, se empeñó por una presidencia. vitalicia con facultades bien amplias, a la vez que rechazó la corona real, que le fue ofrecida por sus seguidores, aunque según sus adversarios en realidad el obtenerla hubiera sido su anhelo más íntimo. Los liberales, encabezados por el vicepresidente general Santander, opusieron la más vehemente resistencia a los planes de Bolívar, pretendiendo no haber convenido en el derrame de tanta sangre por sacudir el yugo español, a trueque de una dictadura. Fracasado un atentado contra su vida, el malogro de sus intenciones unido a la ingratitud de los pueblos por él liberados, culminada con la exigencia de su destierro, enfermaron a Bolívar hasta el extremo de causar su muerte, ocurrida en San Pedro cerca de Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, cuando estaba de viaje a Europa. 

Pocos meses antes, tanto Venezuela como Ecuador habían declarado su independencia, mientras que las demás provincias, tras derrocar al partido militar en tenaces luchas, en 1832 cedieron su constitución bajo la denominación de República de Nueva Granada, determinándose las fronteras en concordancia con el estado de 1810. Al Ecuador se le obligó a renunciar a la provincia de Pasto y al valle del alto Cauca, territorios de los cuales se había apoderado.

LA  PRIMERA CONSTITUCIÓN 

El 27 de febrero se expide la Constitución de Cundinamarca de 1812, primera Constitución escrita que hubo en el territorio colombiano. Esta Constitución es muy importante por varias razones: a. Fue la primera Constitución escrita. b. Fue la única Constitución monárquica que hemos tenido. El artículo 1º del título III decía: “La provincia de Cundinamarca se rige en monarquía constitucional, para que el rey la gobierne según las leyes, moderando su autoridad por la representación nacional que en esta Constitución se expresa y se determina. El ejercicio del poder ejecutivo de estas provincias corresponde al rey, cuando se halle dentro de su territorio, y no esté impedido”.

 CUALES ERAN LOS DOS MODELOS DE GOBIERNO 

El Federalismo Encabezado por Camilo Torres, quería que las provincias se gobernaran independientemente unas de otras, con una autonomía económica y política y sólo estuvieran unidas entre sí por un pacto de federación. Se requería un organismo que representara a todas las provincias, pero éstas no dependerían de un gobierno central. El ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, que había llegado al progreso por el camino de la federación, se convirtió en argumento propio de los federalistas granadinos. El Centralismo Representado por Antonio Nariño, quien deseaba un gobierno central dirigido desde Santa Fe, reconocía ventajas al federalismo pero afi rmaba que ante el intento de reconquista de los españoles, el país debía estar unido políticamente para hacerle frente. 

ANTECEDENTES Y CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

A manera de resumen encontramos dos Antecedentes principalmente para la Independencia de Colombia el primero de ellos fue la La Declaración de los derechos del Hombre en Francia, acto que se dio como consecuencia de la revolución Francesa de 1789, el segundo antecedente fue por parte del reino Español y sus errores en la política, al tomar malas decisiones hicieron que el pueblo que habitaba en Colombia se sintiera inconforme y sintiera la necesidad de un cambio radical.

Las Causas de la independencia de Colombia son principalmente 3; la primera de ellas fue la independencia de los estados unidos de América, acto que provocó un aire de libertad en todo el contenido y la esperanza de que se podía vivir sin estar bajo el régimen de un gobierno extranjero, la segunda causa vino gracias a la Ilustración ya que debido al conocimiento las personas se dieron cuenta mucho más fácilmente que estaban siendo explotados y utilizados por la corona español, por último la tercera causa fue la revolución comunera en el departamento de Santander.

GRITO DE INDEPENDENCIA 

Este evento no fue algo expontáneo, de hecho fue mediaticamente organizado por varios intelectuales y personajes importantes de la época entre los cuales se encontraban: Francisco José de Caldas, Joaquín Camacho, Antonio Morales, Camilo Torres, José Miguel Pey, Jorge Tadeo Lozano y Acevedo Gómez, de hecho antes de que se diera el grito de la independencia de colombia se hacían reuniones entre los personajes anteriormente mencionados con el fin de definir cómo lo harían y cómo funcionaría el país después de ser liberado.

Si quieres saber la historia de ese 20 de Julio de 1810 te invitamos a leer nuestro artículo: Grito de Independencia de Colombia

Guerra de Independencia de Colombia

No existe una guerra de la independencia de Colombia, de hecho fueron 6 batallas las que se denominan como la guerra de la independencia de Colombia, las batallas en cuestión fueron: Batalla de Cúcuta 28 de Febrero de 1813, Batalla de Cartagenena Agosto 1815, Batalla de Gámeza 24 de julio 1819, Batalla Pantano de Vargas 25 de Julio 1819, Batalla de Boyacá 7 de Agosto 1819 y Batalla de Ibarra 17 Julio 1823. Cada una de ellas con características especiales y acontecimientos que marcaron la diferencia.

ACTA DE INDEPENDENCIA 

Este documento indica que colombia se convierte en un país democrático con obligaciones y responsabilidades, tales como la de saber escoger a sus gobernantes y tener de cierta forma control sobre las leyes y reglas que se comenzaran a aplicar posteriormente, este documento no fue lo que hizo libre a Colombia ni lo que generó la independencia de Colombia sin embargo ayudó para que los ciudadanos entendieran que ahora eran libres del imperio español y que tenían una obligaciones con su patria Colombia.

EL FLORERO 

El Florero de Llorente fue la excusa perfecta para comenzar con el grito de la independencia colombiana, en realidad no era necesario tener un florero en la visita de los españoles, lo que era necesario era dar el grito de la independencia de colombia y cualquier excusa serviria por esto lo intelectuales de la época mencionados anteriormente en sus reuniones en el planetario decidieron que utilizarían a Llorente y a uno de sus artilugios para general tal conmoción y ejecutar su plan libertador.

Los Antecendetes y las causas de la Independencia de Colombia A manera de resumen encontramos dos Antecedentes principalmente para la Independencia de Colombia el primero de ellos fue la La Declaración de los derechos del Hombre en Francia, acto que se dio como consecuencia de la revolución Francesa de 1789, el segundo antecedente fue por parte del reino Español y sus errores en la política, al tomar malas decisiones hicieron que el pueblo que habitaba en Colombia se sintiera inconforme y sintiera la necesidad de un cambio radical. 

Las Causas de la independencia de Colombia son principalmente 3; la primera de ellas fue la independencia de los estados unidos de América, acto que provocó un aire de libertad en todo el contenido y la esperanza de que se podía vivir sin estar bajo el régimen de un gobierno extranjero, la segunda causa vino gracias a la Ilustración ya que debido al conocimiento las personas se dieron cuenta mucho más fácilmente que estaban siendo explotados y utilizados por la corona español, por último la tercera causa fue la revolución comunera en el departamento de Santander. 

Antecendetes y causas de la Independencia de Colombia El Grito de la Independencia de Colombia Este evento no fue algo expontáneo, de hecho fue mediaticamente organizado por varios intelectuales y personajes importantes de la epoca entre los cuales se encontraban: Francisco José de Caldas, Joaquín Camacho, Antonio Morales, Camilo Torres, José Miguel Pey, Jorge Tadeo Lozano y Acevedo Gómez, de hecho antes de que se diera el grito de la independencia de colombia se hacían reuniones entre los personajes anteriormente mencionados con el fin de definir cómo lo harían y cómo funcionaría el país después de ser liberado. Si quieres saber la historia de ese 20 de Julio de 1810 te invitamos a leer nuestro artículo: Grito de Independencia de Colombia Guerra de Independencia de Colombia No existe una guerra de la independencia de colombia, de hecho fueron 6 batallas las que se denominan como la guerra de la independencia de colombia, las batallas en cuestión fueron: Batalla de Cúcuta 28 de Febrero de 1813, Batalla de Cartagena Agosto 1815, Batalla de Gámeza 24 de julio 1819, Batalla Pantano de Vargas 25 de Julio 1819, Batalla de Boyacá 7 de Agosto 1819 y Batalla de Ibarra 17 Julio 1823.

 Cada una de ellas con características especiales y contecimientos que marcaron la diferencia. Para tener detalles de cada una de estas batallas te invitamos a leer nuestro artículo: Guerra de Independencia de Colombia Acta de Independencia de Colombia Este documento indica que colombia se convierte en un país democrático con obligaciones y responsabilidades, tales como la de saber escoger a sus gobernantes y tener de cierta forma control sobre las leyes y reglas que se comenzaran a aplicar posteriormente, este documento no fue lo que hizo libre a Colombia ni lo que generó la independencia de Colombia sin embargo ayudó para que los ciudadanos entendieran que ahora eran libres del imperio español y que tenían una obligaciones con su patria Colombia. 

 El Acta de Independencia de Colombia El Florero de Llorente y la Independencia Colombiana El Florero de Llorente fue la excusa perfecta para comenzar con el grito de la independencia colombiana, en realidad no era necesario tener un florero en la visita de los españoles, lo que era necesario era dar el grito de la independencia de colombia y cualquier excusa serviria por esto lo intelectuales de la época mencionados anteriormente en sus reuniones en el planetario decidieron que utilizarían a Llorente y a uno de sus artilugios para general tal conmoción y ejecutar su plan libertador.

CONCLUSIONES.

El atraso ideológico en que se hallaba la Nueva Granada le impedía desarrollar un sistema político autó- nomo acorde con su realidad social y económica. El limitado acceso de los grupos sociales a los círculos académicos que definía la conformación de una élite de poder nacional; la designación del Vicepresidente,General Francisco de Paula Santander, en calidad de encargado de la primera Magistratura del Estado, con sus públicas manifestaciones a favor del liberalismo Inglés; y la necesaria vinculación a la Comunidad Internacional que exigía a Colombia la adopción del modelo político y económico vigente, hicieron posible la puesta en práctica de un sistema republicano fundado en el demo liberalismo, como sistema oficial de gobierno para el nuevo Estado independiente. El 17 de diciembre fue expedida la Ley Fundamental de la República de Colombia, en ella se decretó la unión de las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada en una sola bajo el título de República de Colombia, como se llamó realmente, pero en el artículo 5º se estableció la división de la República en tres departamentos, incluido para entonces el Ecuador como parte del proyecto político Colombiano. La Constitución del año 21 se terminó de escribir en Cúcuta el 30 de agosto de ese año y fue promulgada el 1º de enero de 1822.

 Las primeras reformas que adoptó el Estado apuntaron hacia la consolidación de su forma administrativa y de gobierno, se pensó en las instituciones de poder, en delinear los cuerpos de administración, y en últimas, en las reformas de tipo social que implicaban la superación de la miseria económica, el desempleo, el analfabetismo, la insalubridad, y por supuesto, la exclusión. El temor por las reformas sociales llevó a que en la realidad se cumpliera con la promesa de la libertad, pero difícilmente con la igualdad, prueba de ello lo constituye la Ley de liberación de esclavos, que demoró 30 años de discusiones políticas en las que pesaron más las razones económicas, en cuanto a los beneficios que reportaba la mano de obra, que las razones humanas. Como la organización del Estado fue una de las tareas inmediatas de los primeros gobernantes nacionales, se optó por la adopción de un aparato político, un aparato económico y un aparato jurídico, para el ejercicio del poder y la efectiva administración del Estado. De esta manera, se concedieron competencias específicas a los organismos nacionales y se crearon las Secretarías del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, y Hacienda, para atender los asuntos más inmediatos que se requerían, pero en menor atención se le concedió un espacio oficial para atender la salud, la educación, y la dignificación de los nuevos ciudadanos Puede afirmarse que en la organización del Estado contaron los modelos inglés, francés y norteamericano, en aspectos tan evidentes como la división tripartita del poder, muy al estilo francés, o la tendencia hacia un sistema federal de administración del Estado, y hacia el bicameralismo en materia de organización del Legislativo, y donde el respeto y la dignidad de las libertades individuales fueran una forma de alcanzar el bienestar general, y donde la representatividad política fuera un forma de acercamiento a la democracia en una nación aún impreparada para la participación política generalizada, muy al modelo originario inglés, igualmente seguido en Norteamérica; pero de cualquier forma, también puede afirmarse que no hubo un Estado propio para los colombianos, que no hubo un modelo autónomo construido a partir de las necesidades de sus nacionales, porque también puede apreciarse que la organización del Estado fue prioritaria a la conformación de la Nación, razón por la cual entre los principios de libertad e igualdad, prometidos por los criollos independentistas, la libertad fue una realidad, pero la igualdad continúa siendo una bandera de lucha en Colombia.

La Constitución de Cúcuta, firmada en la Villa del Rosario de Cúcuta el 30 de agosto de 1821, estableció para Colombia una forma de Gobierno Representativo y una división del Poder, para su administración, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Al primero se le encargó de hacer las leyes, al segundo de ejecutarlas, y al tercero de sancionarlas. El Poder Ejecutivo estaba representado por el Presidente de la República, este contaba con un Consejo de Gobierno compuesto por el Vicepresidente, un Ministro de la Alta Corte de Justicia, nombrado por el Presidente, y cuatro Secretarios de Despacho encargados de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Interior, Hacienda y, Marina y Guerra. El Poder Legislativo estaba representado por el Congreso de la República, cuya organización interna obedecía la propuesta inglesa de bicameralismo: el Senado y la Cámara de Representantes. La Constitución de 1821 en su título VI, sección 1 del Poder Judicial, indicó que este poder reposaba en cabeza de la Alta Corte de Justicia, y además estaba compuesto por las Cortes Superiores de Justicia y los Juzgados Inferiores en toda la República.

Diez años después de conformada la Gran Colombia, los sectores políticos que debatían sobre su mejor camino como Estado, República y Nación, de un lado los militaristas y de otro los civilistas, contribuyeron a poner fin a un estado de irreconciliable de cosas. El rechazo al tipo de centralismo que manejó la administración Santander provocó la disolución del territorio bajo la consideración de un sistema que poco atendía a la totalidad de sus miembros, específicamente de los venezolanos; igualmente, la idea de mantener la unificación, llevó a un sistema de gobierno con características dictatoriales que atentó contra las libertades altamente veneradas por los civilistas.

EN LA PATRIA BOBA

LA EDAD Dorada. - Genealogía de la mediocridad. - El Precursor Don Antonio Nariño, y los revolucionarios de ultima hora. - La tierra prometida. - El premio de la Fronda. - Liquidación de los Resguardos. - La igualdad mentirosa. - Ensanche del latifundio. - Los juicios ejecutivos. - Exodo hacia los páramos. - Erosión de una raza. - La mortuoria de España. - Los descendientes de don Pelayo y los herederos de "menor edad". - Sufragio de los Elegidos. - Los Lanudos. - El futuro Memorial de Agravios.

EL CALIFICATIVO de Patria Boba, que suele emplearse para designar la época comprendida entre los años de 1810 y 1816, se ha prestado para que se identifique dicha época con el supuesto predominio de personalidades generosas y tan apegadas a ideales altruistas y románticos, que sus errores se juzgan, por anticipado, limpios de todo interés mezquino y se los explica como el producto involuntario de un noble idealismo, que no les permitió percibir, a tiempo, la realidad. Así se urdió la leyenda de una Edad Dorada, de una Patria Boba que a la manera de Atenas, tuvo la fortuna de ser gobernada por un areópago de "próceres", cuya conducta desprendida y romántica les ganó el derecho de personificar las grandes virtudes de la nacionalidad. Estas premisas benévolas y optimistas sirvieron para revestir, con una fachada brillante y engañadora, el conflicto entre la oligarquía y el pueblo, conflicto sobre el cual se tendió, desde 1810, un velo de silencio deliberado. Se quiso así prefigurar una inexistente armonía social, que no pudo alcanzarse entonces porque los notables criollos fueron hallados faltos de la grandeza huma y de la generosidad de miras que hubieran sido indispensables para plasmar una temprana unidad nacional. El visible contraste entre la destreza de que dieron muestras cuando se trató de utilizar el gobierno para sus propios y egoístas fines y la lamentable ceguera e insensibilidad que les distinguió en todos los momentos en que se requería una auténtica comprensión de las necesidades y esperanzas de nuestro pueblo, fue el origen de su rápido desprestigio y la causa de esa atmósfera de mediocridad que le imprimieron indeleblemente a su época.

Asegurado Carbonell en la prisión, correspondió a don Antonio Nariño ser la segunda víctima. Quien tradujo los Derechos del Hombre, quien conoció las principales cárceles coloniales y padeció encierro en las más sombrías prisiones de la Metrópoli, pudo descubrir ahora el ominoso significado de la desconfianza que han profesado siempre las oligarquías a las personalidades eminentes. El 20 de julio encontró a Nariño en las cárceles de la Inquisición de Cartagena y allí esperó, vanamente, que la Junta de notables recordara sus eximios servicios a la causa de la Independencia, servicios que le ganarían, en la historia, el título de Precursor. Mientras los nuevos mandatarios se ocupaban de rendir honores desmedidos a quienes tenían la confianza de la camarilla gobernante, a Nariño no se le prestó atención, si nombre se rodeó de un silencio intencional y le fueron negados hasta los recursos indispensables para trasladarse a Santafé, porque se temía, con fundamento, que su prestigio le convirtiera automáticamente, en vocero de un pueblo sobre el cual se había establecido una nueva tiranía, Los vocales de la Junta no parecían dispuestos s tolerar el regreso inoportuno del hombre que poco había simpatizado con los proyectos del núcleo dirigente del estamento criollo, y se anticipaban, por eso, a prevenir el conflicto inevitable con quien comprendió tempranamente que la empresa de formar una nación no podía limitarse a una conjura de notables o al reemplazo de la hegemonía española por la hegemonía de una casta soberbia, que intentaba cerrarle al pueblo todas las vías de acceso a los beneficios de la nacionalidad. Como Nariño conocía íntimamente a los nuevos mandatarios, como estaba emparentado con ellos y pertenecía a la gran tribu doméstica de notables de Santafé, no sólo se le temía sino, que no se le perdonaban su indiferencia y despreocupación por los intereses de la rosca gobernante. Nada tiene, pues, de extraño que no se vacilara en emplear todos los medios, legítimos e ilegítimos, para evitar su regreso a la Capital y que la Junta respondiera a los reclamos de su esposa y de sus deudos con un insólito intento de reabrir ¡oh, ignominia! el juicio que siguieron a Nariño las autoridades coloniales por el mal llamado "alcance en la Tesorería de Diezmos". El que entonces se llegara al extremo de resucitar este cargo atrozmente injusto - cargo que analizaremos con prolijidad al relatar el Proceso de Nariño ante el Senado -, indica la resolución que tenía la Junta de impedir, a toda costa, una nueva intervención del Precursor en la política. Con sobrada justicia dice José Ricardo Vejarano, uno de los biógrafos de Nariño: « El movimiento popular del 20 de julio en Santafé debía causar a nuestro héroe una amargura más honda que todas las que hasta entonces le hubieran producido sus luchas por la patria. El triunfo de sus ideales llegaba de improviso y, al parecer, en forma definitiva. Los revolucionarios de última hora, los que habían vivido en paz y en holgura durante el régimen español, son en estos momentos los héroes del día, los favorecidos con las aclamaciones y con las prebendas... De todos los entusiastas luchadores del país se acuerda el nuevo gobierno sur de una revolución que viene de tan lejos, y que los sufrimientos de Nariño y las lágrimas de su mujer y de sus hijos habían hecho, al fin, arraigar sobre un suelo impropicio. De todos se acuerda, pero se preocupa también de aparentar olvido e indiferencia hacia el protomártir que, después de destituidas las autoridades legítimas, se encuentra aún en Cartagena sufriendo una prisión que esas mismas autoridades le habían impuesto. Tres meses después del 20 de julio, Nariño está aún en la extraña condición de un prisionero viviendo en un bohío al pie de la Popá y para salir de allí necesita acudir al interminable papeleo. ¿Es que se quiere impedir a toda costa que este hombre temido, solicitado, amado, respetado, despreciado, porque todo lo era al tiempo, regresase a Santafé? Con una insania increíble se ha pretendido revivir sus procesos del año 94, especialmente en lo que se refiere a su alcance a la Caja de Diezmos ».

Debe reconocerse, sin embargo, que la hostilidad contra el Precursor apenas evidenciaba un aspecto marginal y negativo de la política criolla. Nariño, por su prestigio, era uno de tantos obstáculos que necesitaban removerse a fin de despejar el camino a las viejas aspiraciones del estamento criollo, aspiraciones que lo enfrentaron a la Corona, lo indujeron a traicionar la Revolución de los Comuneros y constituían ahora los objetivos centrales de la sórdida filosofía social que se pretendía imponer al pueblo granadino, no obstante que ese pueblo la miraba con instintiva hostilidad.

Cuando todavía no habían transcurrido dos meses desde el 20 de julio, cuando Nariño permanecía en Cartagena, Carbonell se hallaba en la cárcel y la ciudad era patrullada por la famosa Guardia de orejones, los vocales de la Junta dictaron la providencia con que soñaron los hacendados y propietarios desde los tiempos del Oidor Moreno y Escandón, providencia cuya finalidad era la destrucción, cuidadosamente planeada, de los Resguardos de Indios. El 24 de septiembre de 1810 se descubrió el resultado de muchas sesiones secretas de la Junta, porque ese día se dio a la publicidad el Decreto, aprobado por la unanimidad de sus vocales, en el cual se ordenaba poner término al status jurídico excepcional de que habían gozado los indios durante la Colonia y se disponía liquidar la famosa institución que los protegió y gracias a la cual dispusieron de tierras abundantes y de alguna seguridad para que las condiciones de su trabajo no quedaran totalmente a merced de la rapacidad de hacendados y latifundistas.

El Decreto tiene caracteres tanto más censurables cuanta que él fue redactado en términos engañosos, destinados a crear una falsa impresión en los indios y a persuadirlos de que se trataba de otorgarles un beneficio, cuando en realidad se les iba a convertir en las víctimas del más cruel e inconveniente de los despojos. Su equívoca fraseología puede apreciarse desde el artículo primero, el cual dice: « Quitar desde hoy esta divisa odiosa del Tributo y que en adelante gocen los referidos indios de todos los privilegios, prerrogativas y exenciones que corresponden a los demás ciudadanos... ».

La abolición del Tributo daba margen para suponer que se trataba de conferir un beneficio a los naturales y los historiadores se encargaron de presentar esta hipótesis como prueba indiscutible de las generosas y avanzadas ideas que inspiraban a la Junta. Lo que se cuidaron muy bien de mantener en silencio, o de no comentar, fue la segunda parte del artículo citado y las mismas características de la institución del Tributo, por que sólo así podría hacerse pasar como benéfica una medida que acarreaba a los indios los más graves perjuicios. Los verdaderos fines del Decreto se descubren, sin embargo, cuando se tiene en cuenta la naturaleza del Tributo y la situación privilegiada en que dicho impuesto colocó a los indígenas durante la Colonia. El Tributo, en efecto, fue concebido y aplicado como el impuesto único que debían pagar los indios y con excepción de los Diezmos, a los que estaban obligados, por sus finalidades eclesiásticas, todos los vasallos de la Corona, con el dicho Tributo se agotaban las obligaciones fiscales de los indígenas para con la Real Hacienda. Su status tributario era, pues, privilegiado y excepcional por cuanto estaban exentos de los demás impuestos y de los más gravosos, y porque la cuan tía del Tributo indígena era notablemente inferior a la suma erogable de todos los impuestos que debían pagar los vasallos blancos y mestizos en los Dominios. De ahí que la verdadera intención del Decreto de septiembre sólo se descubra en la segunda parte del artículo primero, la cual dice: « Quedando. - los indios - sólo sujetos a las contribuciones generales que se imponen a todo ciudadano para ocurrir a las urgencias del Estado». No se trataba, pues, de aliviar la suerte de los indios, como se ha dicho frecuentemente, sino de liquidar, en forma definitiva, la situación jurídica excepcional de que disfrutaron durante la Colonia, sometiéndolos a pagar impuestos más cuantiosos que el Tributo, como eran todos lo que obligaban a los demás ciudadanos.

En el plano académico es discutible, naturalmente, la conveniencia o inconveniencia de que en una sociedad existan sectores de su población asimilados a "menores de edad", con la finalidad de otorgarles, como se otorgaba a los indios, una excepcional protección; pero nunca podrá decirse, con justicia, que el súbito término de este régimen excepcional constituya, automáticamente, una ventaja y un servicio para quienes de él se beneficiaban. Los mismos indios no tardaron en descubrir que el Tributo representaba una erogación mucho menos cuantiosa que "las contribuciones generales que se imponen a todo ciudadano", y ésta fue una de las causas que malograron los esfuerzos realizados por la oligarquía criolla, entre los años de 1810 y 1816, para incorporar a su causa a las masas indígenas de la Nueva Granada. Explicablemente los indios miraron con profunda desconfianza las actividades de un Gobierno que se inauguraba con actos de tan franca hostilidad contra ellos y el partido español pudo afianzarse en las provincias donde era mayor la densidad de la población aborigen, sin que el estamento criollo consiguiera, cuando llegaron las fuerzas expedicionarias del General Morillo, que la gran base indígena de nuestro pueblo lo acompañara a ofrecer resistencia a los ejércitos pacificadores. Esa resistencia sólo comenzó, como habremos de verlo, cuando Simón Bolívar cambió las consignas de la lucha contra España y convirtió la batalla de la Independencia no en la causa recortada de los oligarcas criollos sino en una vasta revolución social, que despertó el entusiasmo de los esclavos, de los indígenas y de los sectores desposeídos de nuestra población.

En realidad, los perjuicios acarreados a los indios por el Decreto que comentamos - Decreto cuyas doctrinas inspiraron la legislación adoptada posteriormente en el Congreso de Cúcuta - sólo pudieron verificarse debidamente cuando el Libertador regresó del Perú e indignado ante los abusos que estaban cometiéndose contra la población aborigen, ordenó a los intendentes y gobernadores efectuar una investigación a fondo y enviar al Poder Ejecutivo los informes correspondientes. Esos informes tienen particular valor porque en ellos no se registran simples hipótesis, sino que se relatan las consecuencias reales que se siguieron para los indios como resultado de la legislación promulgada, desde 1810, por los procuradores de la oligarquía criolla. Con respecto al Tributo indígena, del que estamos ocupándonos, vale la pena mencionar las opiniones de la Comisión de Letrados que, por orden del Libertador, estudió el problema en los Departamentos del Sur, opiniones incorporadas en el informe remitido por ella al Poder Ejecutivo el 5 de septiembre de 1828: « No habiendo duda - dice la Comisión - qué el indio es la presa infalible del más fuerte, y que nadie deja de serlo respecto de un ser tan abatido y miserable, debemos confesar que en la necesidad de exigirle un impuesto como miembro del Estado, es preferible aquél que le salve de mayores males. Tal es la ventaja que aseguraba el Tributo, pues la suerte de los indios ha estado rodeada de peligros, ya de parte de los curas que, alegando tener afianzada su subsistencia en el altar, podían abusar de su poder y de la afición de los naturales a la pompa del culto para agravar su miseria; ya de parte de los curiales que no perderían la ocasión de vejarles en sus pleitos; y ya de los guardas de Alcabala, que, verificando la exacción en parajes solitarios, ejercerían a salvo todo género de violencias para sacar partido de su desvalimiento. La tasa - del Tributo - les defendía de semejantes extorsiones; pues era contribución única, y la cuarta parte de su valor se destinaba para su Cacique, para su Protector y para el clero. Los curas percibían de este ramo los derechos sinodales que debían erogar los indios por sus matrimonios y entierros, y ellos formaban la renta de algunos beneficios, cuyos proventos ordinarios no alcanzan a mantener el párroco. Abolido el Tributo ha caído sobre los indios una nube de calamidades; de manera que, en cambio de una igualdad nominal, han perdido las garantías civiles a que debían la exención de mayores males; dejándose entender que, los que participaban del impuesto, se habrán indemnizado a costa de los naturales indefensos ».

«Llamados en efecto al goce de los derechos políticos que no han ejercido a falta de luces y de interés por la causa pública, han perdido la protección que recibían del Ministro autorizado (Protector de Indios) que les servía de salvaguardia contra los ataques a que provoca su debilidad, y un abuso continuado desde el descubrimiento de Colón. Cuando se concedió a los indios los privilegios de menores, en nada menos se pensó que en degradarles; no influyó otro motivo que el convencimiento de su debilidad y de la tendencia de los demás a sacar ventajas de su abyección. Esta providencia, censurada por los que desconocen las circunstancias locales, produjo los mejores efectos a favor de los indios. El Protector General supervigilaba la conducta de los partidarios; el poder y la malicia tenían el celo y representación del Protector Fiscal, y los indios gozaban del sosiego que procura la confianza de vivir seguros bajo la sombra de la ley. ¿Ha variado, acaso, su condición? No; sin más luces, sin otros sentimientos, están privados de la asistencia paternal del Ministro Protector, y abandonados a merced de las gentes de pluma y de las que especulan sobre la desgracia ajena. Sus querellas se eternizan, los curiales les despojan; y decorados con el título de ciudadanos, no participan siquiera de los derechos de la humanidad, pues se ven condenados a servicios duros y gratuitos, a trabajar en climas mortíferos, y a todas las vejaciones y pensiones de que es víctima el hombre débil y desvalido.

«Desde que el indio pagaba su tasa (el Tributo) quedaba libre de otras molestias de parte del fisco; pudiendo introducir sin estorbo al mercado los efectos de su industria para reducirlos a dinero. Sus pobres cargas son ahora registradas, detenidas y pensionadas a las puertas de los lugares; pudiendo calcularse que vale más este pecho que la antigua tasa, con la diferencia que su pago no era entonces difícil, pues gozando de una plena libertad en el comercio, recogía fácilmente la suma necesaria, cuando al presente no sólo padece los embarazos y sobre cargas de la Alcabala, que tal vez importa más que el efecto, sino, lo que es peor, lo pierde del todo, porque los guardas, mal pagados y poco delicados en materia de honradez, gustan de cebarse en los despojos de estos infelices... - Comisión de Letrados - Salvador Murgueíto, José Fernández Salvador, Víctor Félix de San Miguel e Ignacio Ochoa ».

No debe, sin embargo, creerse que el aspecto tributario del Decreto de la Junta Suprema era el más lesivo para la población aborigen. Sus disposiciones realmente perniciosas, las que serían causa de la profunda miseria y del drama de nuestros campesinos en la época republicana, se encuentran en su artículo segundo, el cual ordena liquidar los Resguardos de Indios. Como nuestros lectores recordarán, por Resguardos se entendían, en las Leyes de Indias, las vastas extensiones territoriales otorgadas a los naturales para su uso y beneficio, extensiones que dichas Leyes mantuvieron indivisas, a fin de que los indios las trabajaran en común, de acuerdo con sus tradiciones inmemoriales. El indígena, como bien lo comprendieron sus defensores durante la Colonia, amaba la tierra, pero no ambicionaba ni entendía la apropiación individual de la misma, porque sus hábitos inmemoriales le inclinaban a trabajarla colectivamentecon las consiguientes ventajas que para él se derivaban de conseguir una amplia división del trabajo dentro de la misma Comunidad aborigen y de no condenar a cada individuo de ella a depender, para su subsistencia, de las escasas posibilidades de una parcela de tierra de extensión precaria. El Resguardo representaba para el indio no sólo una institución adaptada a sus tradicionales formas de vivir y de producir económicamente sino que él lo emancipaba del dramático destino que le sobrevendría cuando se encontrara sin tierra o circunscrito a una pequeña parcela, cuya extensión y calidad no le permitirían derivar de ella su subsistencia.

Fueron, no obstante, las ventajas y la protección que los Resguardos ofrecían a sus beneficiarios, las verdaderas causas que hicieron odiosa la institución entre los propietarios criollos, porque los indios, en tanto dispusieron de tierras suficientes, trabajadas colectivamente por ellos y cuyos frutos distribuían en común, no mostraron propiamente entusiasmo por alquilar su trabajo en las haciendas y ello creó una periódica escasez de mano de obra, sólo superable cuando los propietarios se decidían a ofrecer a los indígenas salarios atractivos. Por eso, en los prolegómenos del movimiento de 1810, se agudizó el problema a que hicimos alusión en el Capítulo XVIII de esta obra. «En la medida decíamos entonces que se reducía el número de las personas beneficiadas con la merced de Encomienda, desaparecían las modalidades impuestas por dicho régimen a la estructura económica del Reyno y adquiría mayor importancia el llamado "concierto agrario", institución por cuya virtud los indios de Resguardo o de Comunidad estaban obligados a proporcionar, para el cultivo y laboreo de las haciendas, una cuota de trabajadores asalariados, fijada en el cuarto o en el quinto de la población de cada Resguardo. Se puede afirmar, por consiguiente, que el tipo de organización agraria que sustituyó a la Encomienda fue el régimen de las grandes haciendas, formadas por las mercedes de tierras o los remates de realengos, haciendas que sus propietarios trabajaban, de manera principal, con indios concertados. Como la cuantía de los dichos indios se reducía a las cuotas autorizadas por el régimen del "concierto", el cual sólo permitía el cuarto o el quinto, no puede decirse que en el Nuevo Reyno existiera un exceso de mano de obra disponible para la economía privada, sino una relativa escasez de ella, lo que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer salarios atractivos a los indígenas, siempre que deseaban obtener una mayor cantidad de trabajadores de la autorizada por las cuotas muy limitadas del "concierto".

Ello explica suficientemente la aversión que los grandes magnates de la oligarquía criolla profesaban a los Resguardos y los numerosos intentos que realizaron, en el último tercio del siglo XVIII, para destruirlos. Convencidos de que sólo cuando los indios carecieran de tierra podrían los hacendados disponer de abundancia de mano de obra e imponer a los dichos indígenas las condiciones de alquiler de su trabajo, no hubo recurso a que no acudieran para lograr la quiebra de los Resguardos...

La Corona y sus autoridades delegadas no se mostraron dispuestas, sin embargo, a permitir que los grandes propietarios del Reyno resolvieran sus problemas de mano de obra por el fácil sistema de despojar a los indios de sus tierras, a fin de obligarlos, ya reducidos a la miseria, a alquilar su trabajo en las condiciones fijadas por los hacendados. En franca discrepancia con los magnates criollos, las autoridades del Reyno se empeñaron en preservar, para los indios, las tierras de sus Resguardos, lo cual sólo dejaba a los hacendados el recurso de aumentar los salarios si deseaban contar con una adecuada provisión de mano de obra. «Son generales las quejas contra la ociosidad - decía el Virrey Mendinueta en 1803 -; todos se lamentan de la falta de aplicación al trabajo; pero yo no he oído ofrecer un aumento de salario y tengo entendido que se paga en la actualidad el mismo que ahora cincuenta años o más, no obstante que ha subido el valor de todo lo necesario para la vida, y que por lo mismo son mayores las utilidades que produce la agricultura y otras haciendas, en que se benefician o trabajan los artículos de preciso consumo. Esta es una injusticia que no puede durar mucho tiempo, y sin introducirme a calcular probabilidades, me parece que llegará el día en que los jornaleros impongan la ley a los dueños de haciendas, y éstos se vean precisados a hacer partícipes de sus ganancias a los brazos que ayudan a adquirirlas ». (Relaciones de Mando, pág. 476).

Dueño el estamento criollo del gobierno, su principal empeño fue ofrecer, para este vital problema, una solución acorde con sus intereses de clase. Ello explica la naturaleza de los mandatos contenidos en el Decreto de septiembre de 1810, mandatos que significaban, en realidad, la culminación de los numerosos esfuerzos realizados a lo largo del Siglo XVIII para arrebatar a los indios sus tierras, a fin de obligarlos, ya reducidos a la miseria, a convertirse el gleba irredenta de peones y terrasgueros, adscritos a las grandes haciendas. La solución ideada por los vocales de la Junta de notables de Santafé se redujo, en consecuencia, a ordenar la liquidación de los Resguardos y la partición de sus vastos territorios en pequeñas parcelas, las cuales debían adjudicarse a cada una de las familias de la antigua Comunidad indígena. Se les repartirá, a los indios - dice el Decreto - en propiedad las tierras de sus Resguardos, distribuyéndolas en cada pueblo según su justo valor y en suertes separadas, con proporción a sus familias... » Así se puso súbito término a todas las instituciones de colaboración social de los antiguos Resguardos - fueran ellas las siembras y cosechas en común o las llamadas Cajas de Comunidad -, y se condenó al indio a derivar su sustento de una parcela que, por su precaria extensión, le era a todas luces insuficiente. Ello le obligaría a buscar medios suplementarios de vida, alquilando su trabajo en las condiciones y el salario determinado unilateralmente por los hacendados. El proceso era tanto más inevitable cuanto que los autores del Decreto nunca tuvieron en mente distribuir entre lo indios la totalidad de las tierras de sus antiguos Resguardos. En la reglamentación de dicho Decreto, como en las disposiciones legislativas promulgadas posteriormente por el Congreso de Cúcuta, se puso en evidencia el fondo de la vasta conjura fraguada para traspasar, al área del latifundio criollo, las mejores tierras de los Resguardos, tierras que, para esta época, tenían la más ventajosa situación económica, por su localización con respecto a los centros de demanda efectiva. Con este objeto se fijó en un cuarto de hectárea y en media, en casos excepcionales, la extensión de las parcelas que debían adjudicarse a cada una de las familias de la antigua Comunidad indígena, lo cual creó los famosos. "sobrantes" de tierras de los Resguardos, que fueron destinados para adjudicarse a título gratuito o en almoneda pública a terceros. Tales "sobrantes" constituyeron una de las principales fuentes del latifundio de la República y del escandaloso ensanche del latifundio colonial. Nada tiene, pues, de extraño que a los indios se adjudicaran las porciones de peor calidad de sus antiguos Resguardos - las faldas erosionadas, los páramos, las extensiones estériles - al tiempo que la tierra feraz de ellos, la bien provista de aguas y mejor localizada, se trasmitía profusamente a los grandes señores de la oligarquía criolla.

Debe reconocerse, no obstante, que lo peor vendría después, y vendría como resultado de la misma atomización de la vida económica de los indios, que sustituyó a sus antiguas formas colectivas de producir y se tradujo en la rápida disolución de la comunidad aborigen, cuya base económica era la propiedad colectiva de las tierras de los Resguardos Privados los indios de la ayuda que les proporcionaron tradicionalmente las Cajas de Comunidad, se vieron forzados, en las épocas de siembra o de cosecha, a solicitar préstamos a los usureros de la región, préstamos que se les otorgarían, naturalmente, con la estipulación de intereses leoninos y la hipoteca de sus pequeños lotes. Como el producido de dichos lotes ni siquiera les alcanzaba para su propio sustento y el de sus familias, mal , podía permitirles cancelar con oportunidad las obligaciones usurarias contraídas y los Juicios Ejecutivos se encargaron de despojarlos, en el curso de corto lapso, de sus propiedades. Tales Juicios constituyeron, por ello, una de las principales fuentes de enriquecimiento del Gremio de Abogados y de leguleyos, vital apéndice de la oligarquía gobernante, y ensancharon las vías a través de las cuales se cumpliría el sistemático traspaso, al área de la economía criolla, de las tierras de los antiguos Resguardos. En este marco de desleal competencia y de completo desamparo fue inevitable que los indios pasaran rápidamente, como pasaron, de propietarios que habían sido durante casi dos siglos, a la final condición de los desarraigados peones y arrendatarios que hoy forman el cuadro de fondo de la horrible miseria de nuestro pueblo. Resulta pertinente, por tanto, transcribir aquí las observaciones de don Miguel Triana con respecto a la suerte que sobrevino a los indios como consecuencia de la liquidación de sus Resguardos. « Tan pronto como fueron dueños libres - dice Triana - hubo quienes les compraran su misérrima propiedad a menos precio: así se dispersaron y cayeron en la más dolorosa miseria y en el más absoluto abandono. Puede decirse que desde este momento comenzó la definitiva desaparición de la raza indígena en "el País de los Chibchas"... De la ventajosa posición de propietarios, la que dignifica y ciudadaniza, pasaron los indios por centenares de miles a la de concertados inseguros, en la calidad de colonos de tierras estériles o insalubres; o como dispersos jornaleros sin familia, en empresas desarraigadas, donde hace esta raza sus últimos esfuerzos de agonía... En las lomas desoladas por los desmontes y estriadas por los amarillos barrancos que ha cavado el torrente fugitivo de las lluvias, pastorea un rebaño de ovejas un niño medio desnudo, de cuatro años de edad, cubierta la espalda con un fleco de pingajos contra los rigores del páramo. Al apoyo de un peñasco se recarga la techumbre escueta del hogar paterno, rodeado de un pequeñísimo cultivo de coles, las cuales aporca con un pedazo de azadón ya sin paleta, roída por el uso, un viejecillo harapiento, de piernas cortas y anchas espaldas. En cuclillas una mujer desgreñada atiza el fogón, formado por tres piedras, o hace girar diligente el huso de la rueca. Al pie de la techumbre, sobre un pequeño remplán que hace el oficio de patio, gatean o dan los primeros pasos, bajo la vigilancia de un perro sarnoso, los niños de corta edad que todavía no son capaces de ir con el cántaro a la lejana fuente. Los nietos mozos, la nuera, y los muchachos trabajan a jornal en la hacienda que extiende sus feraces cultivos en la planicie fecunda del fronterizo valle que se columbra en la hondonada bordeada de ala medas, por entre las cuales se desliza el río perezoso y apacible. Aquélla es la familia indígena en éxodo hacia las cumbres del páramo, cuyo abuelo vendió su derecho de tierra (en los Resguardos) al patrón que hoy le cobra en trabajo la obligación por vivir en un retazo estéril al pie del peñasco ».

Con la benevolencia de que suelen dar muestra nuestros historiadores cuando se trata de disculpar a los personajes con decorados con el título de "próceres" por la oligarquía agradecida, se dice frecuentemente que los notables de la Junta de Santafé, a cuya cabeza figuraban don José Miguel Pey y Camilo Torres, no podían prever los desastrosos resultados futuros de sus providencias, las cuales suponen inspiradas en un generoso humanitarismo. Los hechos históricos, sin embargo, no dan asidero a la hipótesis de una posible e inverosímil ignorancia de los miembros de la Junta con respecto a las consecuencias sociales y económicas de sus medidas legislativas. Durante toda la parte final del siglo XVIII ningún tema fue más prolijamente debatido en el Nuevo Reyno que el de los Resguardos y en dichos debates se puso de manifiesto, de manera exhaustiva, la necesidad de mantener el status jurídico excepcional de los indios, a fin de defenderlos de una competencia económica para la cual no estaban preparados. Como nadie desconocía, en 1810, las consecuencias que se seguirían de la disolución de los Resguardos, la misma Junta se preparó una justificación anticipada, - para evadir sus responsabilidades históricas -, justificación que consistió en fijar un corto plazo, durante el cual les estaba vedado a los indios enajenar sus parcelas. Las razones de esta medida transitoria, consignadas en el Decreto, constituyen toda una confesión de parte y demuestran que sus autores no ignoraban los previsibles resultados de la nueva legislación sobre Resguardos. Por eso la Junta fundamentaba el mencionado plazo, diciendo: «De modo que no sea fácil engañarlos ni seducirlos valiéndose de su natural sencillez, para despojarlos de su pertenencia territorial ».

Mal puede, pues, alegarse una supuesta ignorancia invencible por parte de los nuevos gobernantes, quienes tenían plena conciencia, como la tenían todos los hacendados criollos, de que la disolución de los Resguardos determinaría el deterioro radical de las condiciones de vida de los indios y los condenaría, en corto plazo, a perder su calidad de propietarios y a convertirse en colonos, terrasgueros, arrendatarios y peones adscritos a las grandes haciendas, en cuyos patios se levantaría el famoso "cepo", como tenebroso símbolo de la hegemonía feudal de los nuevos amos.

Nuestros lectores supondrán, tal vez, que aquí se agotan las sombras del cuadro y que arribamos, por fin, a los límites del drama cuyos orígenes se encuentran en la Patria Boba; del drama en que corresponderá al pueblo desempeñar el papel de víctima y a la oligarquía redactar la Historia y distribuir los títulos de "prócer". Pero no fue así. Todavía quedaban en pie aquellas Ordenanzas - incorporadas a las Leyes de Indias -, que establecían la jornada de ocho horas, el salario mínimo y el descanso dominical remunerado. Ordenanzas que  un último refugio para los indios, los desvalidos y los desheredados. Aunque hoy se ha convertido en un lugar común afirmar, con evidente exageración, que dichas Leyes no se cumplían durante la Colonia y que la protección otorgada por ellas tuvo un carácter teórico, conviene advertir que la circunstancia de su real o supuesto incumplimiento, no constituía razón válida para exonerar a quienes se decían personeros del espíritu republicano y adalides de la civilización, del deber de dar plena vigencia a esas instituciones, si es verdad que ellas no estaban cumpliéndose, o de sustituirlas por otras que satisfacieran, en forma, más eficaz, las mismas necesidades sociales. No ocurrió así, sin embargo, porque la supervivencia de tales garantías significaba una considerable limitación de las ventajas que la oligarquía criolla esperaba derivar de la destrucción de los Resguardos. Si se trataba de forzar a los indios, despojándolos de sus tierras, a alquilar su trabajo a menosprecio en las haciendas, mal podía convenirse en la supervivencia de una serie de garantías sociales cuyo objeto era, precisamente, defender al indio asalariado.

No se crea, sin embargo, que para derogar las Leyes de Indias se empleó el recurso de expedir un Decreto, como ocurrió con los Resguardos. Era difícil hallar argumentos ficticios en este caso y se prefirió, por tanto, enterrarlas sigilosamente. En la difusa penumbra de la Patria Boba se tendió sobre ellas el velo de un olvido deliberado, y la Junta de Gobierno, que había festejado la Conquista y se decía defensora y garante de "los derechos de Fernando VII", les hizo un entierro de pobres a las leyes que protegían a los pobres. El histórico Juicio de Sucesión en que se repartió el activo y el pasivo que nos dejó España, la herencia colonial fue aceptada, sin beneficio de inventario, en aquellos de sus aspectos en que ella implicaba la continuación del latifundio, la esclavitud de los negros, los resabios aristocráticos y las distinciones señoriales de clase, pero los "descendientes de don Pelayo" se cuidaron muy bien de recusar esa herencia en aquellas de sus porciones que engloban las Leyes de Indias y las Ordenanzas que otorgaban alguna garantía a los desvalidos. Ello explica por qué sólo una centuria después, en pleno Siglo XX, se reincorporaron a nuestras instituciones la jornada de trabajo de ocho horas, el salario mínimo y el descanso dominical remunerado, derechos que le fueron arrebatados al pueblo colombiano por una oligarquía frondista, de la cual fueron víctimas, en la primera fase de nuestra historia republicana, don José María Carbonell, Antonio Nariño y Simón Bolívar. A ellos se les tildó de tiranos, de agitadores y demagogos porque trataron valerosamente de contener el proceso de "oligarquización" económica y social del país y de representar las aspiraciones y esperanzas de la gleba anónima y humilde en su desigual controversia con los poderes consagrados de la sociedad.

Debe reconocerse, no obstante, que los personeros del estamento criollo no fueron solamente los vocales de la Junta de Santafé y los hacendados de la Sabana. En la poderosa provincia del Socorro, para citar solo un ejemplo, se apoderó del poder, en 1810, el clan de notables cuyo núcleo principal estaba formado por los descendientes y la parentela del famoso don Salvador Plata, autor de la entrega de Galán a las autoridades españolas, y allí, al igual que en Santafé, se decidió prohibir al pueblo, por anticipado, toda intervención en la política. En el Acta de constitución de la Junta de Notables del Socorro, firmada el 15 de agosto de 1810, se hizo la siguiente declaración, que recuerda los Bandos promulgados por los notables de la Capital contra don José María Carbonell: « Solamente la Junta podrá convocar al pueblo, y éste no podrá ahora reclamar sus derechos sino por medio del Procurador General, y si algún particular osare tomar la voz sin estar autorizado para ello legítimamente, será reputado por perturbador de la tranquilidad pública y castigado con todo el rigor de las penas ». En dicha Acta se decretó, también, la disolución de los Resguardos, siguiendo los términos engañosos y los mismos principios equívocos practicados en Santafé. « En el día que proclamamos nuestra libertad - dice el Acta - y sancionamos nuestro gobierno por el acto más solemne y el juramento más santo de ser fieles a nuestra Constitución, es muy debido dar un ejemplo de justicia declarando a los indios de nuestra provincia libres del Tributo que hasta ahora han pagado y mandado que las tierras llamadas Resguardos se les distribuyan por iguales partes... Asimismo se declara que desde hoy entran los indios en sociedad con los demás ciudadanos de la provincia a gozar de igual libertad y demás bienes que proporciona la nueva Constitución, a excepción del derecho de representación que no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces necesarias para hacerlo personalmente ».

En los últimos pasajes citados se anuncia ya la medida que ha de completar el círculo de alambradas hostiles, entre las cuales se aprisionará el destino de nuestro pueblo. A los indios, con el engañoso pretexto de incorporarlos "en sociedad con los demás ciudadanos", se les privaba del status de especial protección que les había defendido en el pasado y se les sometía, al suprimir el Tributo, a cargas fiscales más cuantiosas; pero en el momento de definir no sus obligaciones sino sus derechos, se invocaba habilidosamente su falta de "luces", a fin de privarlos de la prerrogativa fundamental de la ciudadanía: la del sufragio. Para pagar impuestos, prestar servicio militar y competir en la vida económica se les consideraba hábiles, en contra de los precedentes y la experiencia, pero otra cosa ocurría en cuanto al derecho de representación, a la facultad vital de intervenir en la organización del Estado, facultad que se les negaba para reservarla privativamente a los notables.

Con estos elementos de juicio es posible tener ya una visión conjunta de la política del estamento criollo, orientada a destruir las instituciones que salvaguardiaban el trabajo de los humildes y a dar al Estado una conformación que lo convirtiera en instrumento de los intereses sociales y económicos de la oligarquía. Por eso se negaba al indio el derecho de votar y esa restricción se haría extensiva a los pobres, los desvalidos y los desheredados en el Derecho promulgado, el 26 de diciembre de 1810, por la Junta de Gobierno de Santafé. Ese Decreto, destinado a reglamentar los comicios, decía en sus acápites pertinentes: « Reunido el pueblo el día señalado, se le advertirá la grandeza del objeto para que se ha juntado, y la necesidad de que los votos recaigan en personas idóneas, de luces y de patriotismo... Pero se les hará entender, que no pueden votar, ni puede recaer la votación, en las mujeres ni en los menores de veinticinco años... ni en los que carezcan de casa abierta, ni los que viven a expensas de otros, o estén en el actual servicio suyo, a menos que en la pública opinión sean propietarios de bienes raíces o muebles ».

Las restricciones impuestas al sufragio por la Junta de Gobierno, revelaban no solamente el espíritu de casta de sus miembros, sino la influencia que en ellos ejercían las doctrinas del puritanismo burgués, consignadas en la Constitución norteamericana. La teoría calvinista de los "Santos Visibles", de los ricos convertidos en "predestinados" y en agentes únicos de la Voluntad Divina en el mundo en el mundo, teoría que los constituyentes de Filadelfia tradujeron en fórmulas destinadas a solo otorgar el sufragio de los ricos, adquirió carta de naturaleza en nuestro Derecho Constitucional por medio de ese Decreto, que inspiraron don José Miguel Pey y don Camilo Torres.

En el Archivo Nacional existen muchas de las actas y diligencias de las primeras elecciones efectuadas en el Nuevo Reyno después del 20 de julio, elecciones que se llevaron a efecto para renovar los Cabildos o designar los nuevos vocales de las distintas Juntas gubernamentales de las provincias del Reyno. Como en dichas actas se puede seguir el acentuado proceso de "oligarquización" de la vida política granadina, vamos a transcribir algunas de ellas, a fin de que nuestros lectores puedan apreciar las tendencias características que informaban el clima social de la Patria Boba. « En virtud de orden expedida - dice una de tales Actas - por el señor Teniente Corregidor de la Villa de Ubaté, don Juan Manuel Bernal, en fecha 11 del corriente mes y año, hice juntar y se juntaron y congregaron en este referido pueblo, en forma de cabildo abierto, todos los vecinos blancos, a efecto de elegir el diputado que sufrague la votación, en la elección que en dicha Villa de Ubaté se ha de hacer de los sujetos que deben componer aquel Cabildo... ». Otra Acta reza: « En Tausa, en 13 de septiembre de 1810, en virtud de la orden que antecede, convoqué a Junta a todos los vecinos principales, los que juntos, que serían treinta sujetos, les leí la orden, explicándoles que era para que eligiesen un diputado para que representara las acciones de cada uno, los que habiendo hablado uno por uno y después todos juntos dijeron que quien elegían era Pedro Forero...». Veamos, por último, el texto de otra diligencia: «Convoqué juntos a todos los vecinos principales, los que juntos serían veinte sujetos, les leí la orden explicándoles la orden que era para que eligiesen un diputado que representara las acciones de cada uno, los que habiendo hablado uno por uno y después todos juntos dijeron que quien elegían era a José Manuel Torres...

Don Camilo Torres, como vocero del estamento criollo, criticó acerbamente, en el Memorial de Agravios, las odiosas distinciones establecidas durante la Colonia entre criollos y peninsulares y predijo la ruina del Imperio español si se prolongaba en América esta absurda dicotomía política. Pero el mismo señor Torres y la clase social que representaba, no vacilaron en establecer, al adueñarse del mando, distinciones no menos odiosas entre ellos y el pueblo que tenían la pretensión de gobernar. Así se opusieron, alegando su calidad de "descendientes de don Pelayo", a que la Metrópoli favoreciera a los peninsulares, pero al llegar el momento de definir, en el ámbito mismo de la Patria, sus relaciones con los artesanos, los indios y los campesinos granadinos, echaron por la borda la filosofía igualitaria y el humanitarismo que habían dicho profesar, y trazaron unas fronteras, para defender el privilegio, en cuyo curso discurre, ignorado, todo el drama de nuestro pueblo. «Los que conmovían al pueblo - escribía con horror uno de los voceros del estamento criollo - esparcían ideas sediciosas, y entre ellas la detestable máxima de que en el día no hay distinción de personas, que todos somos iguales ».

En nuestro pueblo, más cercano a esas zonas de vitalidad donde rigen las potencias telúricas de la raza y de la tierra, afloró, en 1810, la conciencia de la autenticidad nacional y nació la esperanza de que una vez rotas las amarras de la Colonia tendría la fortuna de ser gobernado por gentes que se le parecieran, simpatizaran con sus vivencias espirituales y quisieran ayudarlo a vencer el abismo de su inmensa miseria.

Pero en la vanidosa oligarquía criolla se evidenció, desde el primer momento, ese menosprecio por lo típico, por lo popular, a que se acostumbraron sus gentes en los prolongados esfuerzos que realizaron durante la Colonia para asemejarse a los representantes de la Corona, con la esperanza de que se les permitiera introducirse en los mandos políticos. Por eso, la Metrópoli distante fue sustituida por el predominio de una oligarquía vanidosa y simuladora de cultura que pretendió dar a la sociedad granadina la configuración de una colonia interior, en la cual le correspondía a ella desempeñar las funciones de Metrópoli. El nuevo orden político perdió así las anclas que podían atarlo al piso firme de la nacionalidad y se convirtió en el epicentro de una discrepancia fundamental entre los sanos instintos del pueblo - en los que afloraban los valores de la patria, la continuidad vital de su historia, las emociones profundas del alma colectiva - y el espíritu cosmopolita y despectivo de unas minoría que consideraban denigrante y hasta poco distinguido simpatizar con los valores nacionales y cuya conducta en el poder habría de despojar de sus raíces telúricas e históricas, a la cultura, el arte, el folclore y la organización económica del país; de unas minorías que se encargarían de obstruir todas las vías que podían aproximar a los poderosos y a los humildes y de hacer imposible el nacimiento de una auténtica unidad nacional. « Piensan esos caballeros - diría Simón Bolívar que Colombia está cubierta de lanudos arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona. No han echado sus miras sobre los caribes del Orinoco, sobre pastores del Apure, sobre los marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdalena, sobre los bandidos del Patía, sobre los indómitos pastusos, sobre los goajibos de Casanare y sobre todas las hordas salvajes de Africa y América que como gamos recorren las soledades de Colombia ».

Por eso nuestra vida social se resiente de una visible falta de solidaridad humana y de espíritu nacionalista y en ella se abren profundas brechas, que son a la manera de heridas sangrantes clamando justicia en el desierto, sordo y mudo, de una larga Patria Boba. De una Patria Boba en la cual la nacionalidad no se ha configurado en un generoso proceso de integración de sus componentes, sino que ha padecido una serie de rupturas profundas de su solidaridad, celebradas por los de arriba como victorias y sufridas por los de abajo como derrotas. Desde hace ciento cincuenta años vienen depositándose en el alma nacional los materiales amargos para un gran Memorial de Agravios - que no le interesaría escribir a don Camilo Torres -, pero que un día escribirá, con justicia, el pueblo colombiano!

EL PERIODO HISPANICO

Conquista y colonización en Colombia

En el ámbito histórico, se conoce como Conquista y Colonización de Colombia a un largo proceso militar, social y económico, propulsado por el imperio español, desde el año 1499 hasta 1810, en el cual se exploró, conquistó, pobló, explotó y dominó el territorio y población originaria de lo que actualmente se conoce como Colombia.

De acuerdo a las fuentes históricas, la primera expedición hecha en territorio colombiano, por parte de los españoles, corresponde a la realizada por el conquistador Alonso de Ojeda en 1499, quien junto a Juan de la Cosa, Américo Vespucio y Cristóbal Colón, llegaron a explorar parte de la Península de la Guajira. Así mismo, en 1501, los exploradores Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa se adentraron en lo que hoy es el territorio de la bahía de Cartagena y las bocas del Magdalena.

Posteriormente, en 1511, Vasco Nuñez de Valvoa hizo otro tanto con el río Atrato y la sierra Darién, actual territorio panameño. Once años después, Pascual de Andagoya llegó hasta el río San Juan. No obstante, los historiadores resaltan el nombre de Gonzalo Jiménez de Quesada, como el verdadero conquistador de Colombia, pues fue este explorador español, quien entre 1536 y 1540, navegó el río Magdalena, y recorrió los territorios hacia el sur, hasta llegar a la sabana de Bocatá, actual territorio donde reposa hoy la capital de este país suramericano, Bogotá.

Como casi todos los procesos de conquista, vividos en el territorio latinoamericano, el de Colombia estuvo marcado por las exploraciones, enfrentamiento y sometimiento de los pobladores originarios, fundación de ciudades correspondiente al modelo español, nombramiento de autoridades, promulgación de leyes, organización política y social, entre otros factores, que siguieron características particulares en este territorio. A continuación, entonces, algunas de los principales rasgos que marcaron la Conquista en Colombia:

Fundación de ciudades

Una de las principales características de la Conquista española en el territorio de la actual Colombia, fue la conformación de ciudades militares costeras, las cuales les permitían a los conquistadores, por un lado, tener fácil acceso al mar, así como un centro de operaciones, desde el cual podían coordinar las distintas exploraciones hacia el interior del continente. Este método, le permitió a España dominar, fácilmente y en poco tiempo, extensos territorios, en los cuales poco a poco las ciudades militares, se fueron convirtiendo en centros administrativos, dando origen a ciudades capitales y de provincias.

En este sentido, la Historia señala a Santa Marta como la primera ciudad fundada en territorio colombiano, siendo el propulsor de esto el conquistador Rodrigo Bastidas, quien en 1525 escogió este territorio por la profundidad de su bahía, la cual facilitaba la llegada de los galeones, que permitían la recepción de recursos, y el envío de aquellos bienes explotados en la región, los cuales partían rumbo a España. Así mismo, Santa Marta ofrecía una vegetación un poco más amable, que las impenetrables selvas de Urabá.

Igualmente, la ciudad fue fundada cerca de los cultivos elaborados por la cultura Tairona, avanzada civilización que fue arrasada por los conquistadores españoles. En este territorio se formó luego la Gobernación de Santa Marta, desde donde partieron las más importantes exploraciones hacia el territorio colombiano. Así mismo, se fundaron otras ciudades militares portuarias, como Cartagena, cuya principal misión era servir de muralla al territorio interior, así como fungir de puertos.

Objetivos específicos de la Fundación de ciudades

En sintonía con esto, los historiadores han señalado que las ciudades y los territorios escogidos para su fundación, por parte del imperio español, tenían como objetivo dos ejes fundamentales:

• Gubernamental: en principio, se trataba de poder concentrar a la población española presente en el territorio, a fin de someterla al mandato de las autoridades gubernamentales, religiosas y militares, designadas directamente por la corona.
• Militares: establecer centros de operaciones, con eficiencia y capacidad económica, política y estratégica, que facilitaran la planificación y materialización de nuevas exploraciones, que conllevaran a aumentar el radio de territorios conquistados.

Ley de Indias

Así mismo, la fundación de estas ciudades estuvo regida por lo que se conoció por la Ley de Indias, promulgadas durante el reino de Carlos II, a fin de regular las condiciones sociales, económicas y políticas de la fundación y funcionamientos de las nuevas ciudades fundadas en el nuevo mundo, así como con respecto al trato hacia los indígenas, tratando de promulgar el respeto a sus ciudades y a su vida, sin que esto fuese cumplido en realidad por los conquistadores.

Entre algunas de las principales directrices de esta Ley, se establecía que las ciudades españolas no podrían ser construidas cobre territorios indígenas. Igualmente, se promulgaba el orden y los planos a los que debían responder las nuevas ciudades española. No obstante, algunas fuentes históricas señalan que en la práctica muy poco se llevó a cabo, pues durante los trescientos primeros años de conquista, en realidad se fueron desarrollando centro poblados, más cónsonos con la idea de aldeas que de ciudades propiamente dichas.

Flotas de galeones

Así mismo, otra de las características fundamentales del proceso de conquista de Colombia fue la conformación de dos flotas de galeones, las cuales respondían cada una a su finalidad. La primera, se encargaba de proteger al territorio de los ataques que pudieran provenir de piratas, mayoritariamente franceses o ingleses. La segunda se encargaba de traer suministros desde Europa y regresar a este territorio, llevando todos los recursos explotados.

Instituciones gubernamentales de la Conquista en Colombia

Igualmente, durante la primera época de la Conquista en Colombia, la máxima autoridad gubernamental fue la Real Audiencia de Santa Fe, órgano que funcionó desde 1549 y 1564, con poder sobre las provincias fundacionales de Santa marta, Popayán, Cartagena, Guayana y San Juan. Las máximas autoridades por su parte eran los Oidores, quienes le rendían cuentas a su vez a los visitadores, enviados por la Corona. Sin embargo, esta institución se convirtió en corto plazo en un foco de corrupción.

De esta forma, la desobediencia a las leyes y las ansias de poder por parte de los Oidores desencadenó un golpe de Estado por parte de estos a la máxima autoridad Francisco Meneses de Bravo, situación que aprovechó la Corona para fundar en 1717 el Virreinato de la Nueva Granada, dejando atrás a la Real Audiencia.

Características sociales de la conquista en Colombia

La Conquista en Colombia fue un proceso histórico, que contó también con importantes repercusiones y características sociales, tanto para los conquistadores, como para los pobladores originarios, en miras a la nueva sociedad que se desarrolló. A continuación, algunos de sus principales rasgos:

• Racismo: En cuanto a sus características sociales, la conquista en Colombia se caracterizó por la conformación de una sociedad basada en el racismo, donde se le daba prioridad a la población blanca proveniente de España, por sobre los blancos nacidos en el nuevo mundo, los indios, los negros y los mestizos.
• Evangelización: así mismo, la Conquista de territorios y poblaciones fue de la mano con la conquista evangelizadora, la cual pretendió inculcar la fe católica en la población originaria, a toda costa. Este proceso fue represivo y violento, luego buscó otras estrategias. Lo cual conllevó a que doscientos años después, los evangelizadores hubiesen triunfado por sobre las religiones originarias.
• Represión: a pesar de que la Ley de Indias prohibía el trato cruel hacia los pobladores originarios, la Conquista de Colombia (como de otros territorios en el continente) fue un proceso marcado por la lucha armada, la represión, el homicidio, la esclavitud y la violación, por parte de los españoles a los indígenas colombianos.
• División política: en cuanto al ámbito de la distribución de poderes, el proceso estuvo regido por las Capitulaciones. Al principio se establecieron gobernaciones, siendo cuatro: Santa Marta, Cartagena, Popayán y el Nuevo Reino de Nueva Granada.
• Impuestos: en la época de la colonia, las autoridades acordaron cuatro tipos distintos de impuestos, los cuales estaban conformados por los tributos que debían pagarse según las compras y ventas trasatlánticas, así como por aquellos bienes de consumo, las rentas y los impuestos eclesiásticos.
• Encomiendas: otra de las características económicas imperantes durante la conquista de Colombia fue la instauración de Encomiendas, en las cuales se le otorgaba a un español, una porción de tierra y más de mil indios, a fin de que trabajara la tierra. Los indios eras esclavizados y evangelizados, dentro de estas organizaciones económicas. Las mayores encomiendas de Colombia funcionaron en la región de Cundinamarca y Boyacá.